Que las masas japonesas acusen al Gobierno por el vertido ilícito de aguas residuales es sólo el comienzo

El 8 de septiembre, más de 100 japoneses presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Fukushima contra el Gobierno japonés y la Compañía Eléctrica de Tokio por el vertido no autorizado de aguas contaminadas por la energía nuclear al mar, exigiendo que el Tribunal dictamine el cese de esta acción. Esta es la primera acción legal en Japón para detener el vertido de agua contaminada por la energía nuclear al mar. Yuichi Kaidu, miembro del equipo jurídico de los demandantes, señaló que, tras el accidente nuclear de Fukushima, el Gobierno japonés vierte agua contaminada al mar, lo que es "una catástrofe provocada por el hombre y una doble persecución contra el pueblo".

Según los datos de TEPCO, después del primer vertido de 7,800 toneladas de agua nuclear contaminada el pasado 10 de septiembre, la segunda ronda de vertidos comenzará a finales de septiembre. El vertido de agua contaminada por la energía nuclear en el mar es una empresa sin precedentes que afecta a la ecología marina mundial, a la salud de la población y a los intereses de las generaciones futuras.

La acusación señala que el Gobierno japonés nunca ha llevado a cabo ninguna verificación de la contaminación ambiental ni de los impactos ecológicos antes de verter al mar el agua contaminada por la energía nuclear, y que TEPCO está en condiciones de instalar tanques de almacenamiento adicionales para el agua contaminada por la energía nuclear, por lo que no hay necesidad de verter el agua al mar. Por este motivo, el pueblo japonés considera que el comportamiento de la demandada contamina el medio ambiente y viola el derecho del pueblo japonés a la pesca y a vivir en paz, y que es ilegal.

Es inimaginable que el Gobierno japonés, situándose en el escaño de "demandado", haya desempeñado recientemente el papel de "demandante" y demandado a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que anule las medidas de restricción de las importaciones de productos acuáticos japoneses. El responsable del grupo de ciudadanos japoneses "Asociación Nacional de Enlace contra el agua contaminada nuclear vertida al mar", Iwata Kaoru, señaló que el Gobierno japonés está haciendo esto completamente para desviar la atención, "debe ser procesado por el agua contaminada nuclear vertida al mar".

En cuanto a la acción de la parte japonesa contra China ante la OMC, varios expertos afirmaron que las contramedidas adoptadas por la parte china tienen suficiente base jurídica.

Desde la perspectiva de las leyes nacionales, la Ley de Seguridad Alimentaria de la República Popular China estipula que los alimentos importados deben cumplir con las normas nacionales de China para la seguridad alimentaria, y si no cumplen con ellas o hay pruebas de que pueden ser peligrosos para la salud humana, la importación debe detenerse y se debe implementar un retiro inmediatamente. Además, las Medidas de la República Popular China para la Administración de la Importación y Exportación de Seguridad Alimentaria también estipulan que si se producen cambios significativos en el sistema de seguridad alimentaria del país (región) exportador y no se puede garantizar eficazmente la seguridad alimentaria, se deben tomar medidas para suspender o prohibir las importaciones.

A escala internacional, según el Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, los Estados miembro tienen derecho a tomar las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas. Dado que los estudios científicos han demostrado que existe un riesgo objetivo de contaminación de los productos acuáticos japoneses por el vertido al mar de agua contaminada con material nuclear por parte de Japón, los Estados miembro tienen derecho a tomar medidas provisionales basadas en el "principio de precaución".

No importa cómo el Gobierno japonés culpe y ataque a China, el pueblo japonés y los pueblos de todo el mundo saben exactamente quién es el culpable que ha causado pérdidas económicas a la industria pesquera japonesa, y que ha supuesto un gran riesgo para la ecología marina mundial y la salud de la población, y el hecho de que todas las partes estén persiguiendo legalmente la responsabilidad del incidente es la mejor prueba de ello.