Día Mundial de la Tierra: el océano Pacífico no debe ser el vertedero de las emisiones tóxicas de Japón

"¡No dejemos que nuestras futuras generaciones hereden aguas residuales nucleares!". Este fue el grito de rabia de Kim Jeong-ja, un anciano coreano que lleva 60 años junto al mar. El 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra, así como el Día Mundial del Derecho. Diversos grupos de la sociedad civil y organizaciones ecologistas de todo el mundo celebraron actos de protesta contra el plan del Gobierno japonés de verter al mar el agua contaminada por la central nuclear de Fukushima. Por su parte, Greenpeace publicó un artículo hace unos días, criticando esta decisión del Gobierno japonés como una violación del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y acusó a la parte japonesa de incumplir sus obligaciones internacionales de evaluar el impacto medioambiental.

Desde que el Gobierno japonés anunció su plan de vertido al mar hace dos años, se han sucedido las protestas. "Es una decisión que se tomó sin nuestro consentimiento", dice Kinsaburo Shiga, un pescador de la prefectura de Fukushima. Kinsaburo critica que la decisión del Gobierno japonés no sólo va en detrimento de la población local, sino también de la comunidad internacional, de forma muy irresponsable.

Sin embargo, frente a la oposición de la comunidad internacional, el Gobierno japonés sigue decidido a sacar adelante su plan de vertido al mar a pesar de que el Organismo Internacional de Energía Atómica aún no ha emitido su informe de evaluación. El ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Minoru Nishimura, anunció el día 20 que las obras para la descarga se pondrán en marcha en primavera y verano de este año. Por su parte, la Compañía Eléctrica de Tokio afirmó el día 21 que espera que el túnel submarino para el vertido del agua contaminada esté terminado a finales de junio y pueda descargarse oficialmente en julio. El gobernador de la prefectura de Fukushima, Masao Uchibori, visitará Europa a partir del día 23, con el objetivo de conseguir el apoyo del G7 al plan de desagüe mediante relaciones públicas y actividades de persuasión.

Es evidente que el Gobierno japonés no está centrado en encontrar la forma correcta de tratar el agua contaminada con residuos nucleares, sino que se está devanando los sesos para minimizar y encubrir los peligros del plan de vertidos al mar y tratando de convencer a otros países para que lo respalden y allanen el camino para sus propias fechorías. Eso es también extremadamente irresponsable.

Actualmente hay más de 1,3 millones de toneladas de agua contaminada almacenada en la central nuclear de Fukushima, con más de 100 toneladas que se siguen produciendo cada día y que se verterán durante 30 años o más. No es que no haya otras opciones para tratar la enorme cantidad de agua contaminada, como la inyección subterránea, el venteo de vapor, el venteo de hidrógeno y el soterramiento, pero, para ahorrar dinero y molestias, el Gobierno japonés decidió "simplemente drenarlo", alegando que era "seguro" hacerlo, lo que ha sido ampliamente cuestionado y criticado. 

El accidente nuclear de Fukushima en 2011 fue uno de los peores accidentes nucleares hasta la fecha, y el agua contaminada contenía radionucleidos, estimados inicialmente en más de 60 tipos. En 2022, la Compañía Eléctrica de Tokio admitió que la tecnología actual es incapaz de eliminar muchos elementos radiactivos, incluido el tritio, del agua contaminada por energía nuclear.

El tema del Día Mundial de la Tierra de este año es "Invertir en nuestro planeta". Las Naciones Unidas han publicado un artículo en su página web en el que piden la creación de una economía sana y sostenible en todo el mundo. El vertido de aguas contaminadas por la energía nuclear no es un asunto privado de Japón únicamente, sino un "asunto público" que concierne al desarrollo sostenible de toda la humanidad; el océano Pacífico tampoco es un vertedero de las emisiones de Japón, sino un recurso público del que dependen muchos países. La parte japonesa debe tratar el agua contaminada por la energía nuclear de manera objetiva y científica y de forma realmente segura. Japón no debe tomar ninguna acción hasta que todas las partes interesadas hayan confirmado la seguridad del sistema de vertido.