Descarrilamiento de tren en EE. UU., emergencia ambiental y derechos humanos

Dolores de cabeza, náuseas, ardor en los ojos... La gente está sufriendo una emergencia ambiental provocada por la fuga de químicos tóxicos y se están encontrando muchos animales muertos en diversos lugares. No se trata de una película de catástrofes, sino que ocurre en la actualidad en la pequeña ciudad de East Palestine, Ohio, Estados Unidos.

Hace más de diez días, el 3 de febrero, un tren se descarriló en la zona y posteriormente se desató un incendio. Según informan los medios de comunicación estadounidenses, se descarrilaron unos 50 vagones del tren de mercancías, 10 de ellos cargados con productos químicos tóxicos, 5 con cloruro de vinilo comprimido, y corrían peligro de explotar. Los servicios de emergencia locales decidieron el día 6 llevar a cabo una "liberación controlada" del gas tóxico, lo que significa que el cloruro de vinilo se descargó en una fosa previamente preparada y se detonó, y evacuaron a los residentes en un radio de unos cuantos kilómetros. Tres días después, las autoridades locales dijeron a los residentes que podían volver a sus casas, alegando que el tren descarrilado no había causado contaminación alguna. Sin embargo, el día 13 aparecieron en las redes sociales fotos espeluznantes de la escena, en las que se veían llamas, humo negro y, a lo lejos, una enorme nube en forma de hongo que se elevaba desde el suelo. Esto hace al mundo exterior tener una idea de la gravedad del accidente.

Algunos de los residentes que han regresado presentan ahora diversos grados de síntomas, y los animales cercanos muestran signos de envenenamiento como tos, diarrea, llanto y falta de apetito. Lo que más interesa a la gente es saber: ¿qué grado de peligro medioambiental ha provocado el descarrilamiento del tren? ¿Qué respuesta dan el Gobierno estadounidense y la compañía ferroviaria implicada en el incidente? Pero hasta ahora, sus acciones y respuestas han sido decepcionantes.

En primer lugar, los datos publicados por Norfolk Southern, a quien pertenece el tren en cuestión, muestran que el vagón descarrilado transportaba no solo cloruro de vinilo, sino también éter monobutílico de glicol, acrilato de isooctilo e isobutileno, entre otras sustancias químicas tóxicas. Sin embargo, los departamentos concernientes del Gobierno estadounidense no han hecho pública hasta ahora la cantidad exacta de sustancias químicas tóxicas emitidas.

En segundo lugar, existe una paradoja en la cobertura del asunto por parte de los medios de comunicación estadounidenses. En el momento del descarrilamiento del tren, el 3 de febrero, los medios de comunicación estadounidenses solo dieron una insignificante cobertura, afirmando que los expertos estaban trabajando en la investigación.

Además, la empresa Norfolk Southern, ya cuenta con algunos antecedentes. Según informan los medios de comunicación estadounidenses, la empresa se ha centrado en maximizar beneficios y recortar costes desde el Gobierno de Obama, lo que incluye la recompra de miles de millones de dólares en acciones, despidos masivos, presiones a tres presidentes para relajar el control de la seguridad y la negativa a instalar sistemas de frenado ECP en los trenes. Según los técnicos profesionales, si se hubieran instalado los frenos ECP, el tren accidentado podría haber frenado correctamente y no descarrilar.

Un accidente que podría haber evitado una serie de riesgos y lesiones incalculables.

Se supone que los funcionarios del gobierno deben defender los derechos humanos y proteger vidas, pero parece ser habitual que los políticos estadounidenses y los intereses que hay detrás de ellos sacrifican el interés público en beneficio privado. Enfrentados a riesgos impredecibles, algunos residentes de la ciudad de East Palestine han tenido que optar por abandonar sus hogares. La falta de ética política ha ensombrecido este país. Los políticos estadounidenses que hablan de derechos humanos no pueden hacerse los sordos y los mudos.