El Tribunal Popular Superior de la provincia suroccidental china de Yunnan confirmó hoy viernes las sentencias de los tres hombres implicados en un ataque terrorista que se cobró la vida de 31 personas en una estación de ferrocarriles de Kunming, capital provincial, a principios de este año.
Iskandar Ehet, Turgun Tohtunyaz y Hasayn Muhammad fueron sentenciados a muerte el 12 de septiembre por los cargos de liderazgo de banda terrorista y homicidio intencionado.
Los investigadores descubrieron que los tres hombres habían entrenado a reclutas para actividades terroristas -incluido el ataque en la estación de tren de Kunming- desde diciembre de 2013.
Los tres fueron arrestados por planear presuntamente cruzar de manera ilegal la frontera de China el 27 de febrero, sólo días antes del atentado.
Tras no poder establecer contacto con Iskandar, cinco miembros del grupo llevaron a cabo el ataque el 1 de marzo tal y como estaba planeado.
Cuatro de ellos resultaron abatidos por la policía en la escena del crimen, mientras que Patigul Tohti, herido por una bala, fue capturada. Treina y una personas murieron y 141 resultaron heridas.
Patigul fue sentenciada a cadena perpetua por participar en el ataque y por homicidio intencionado en el primer juicio. El tribunal dictó que, aunque sus actos criminales habían sido extremos, su estado de embarazo en el momento del arresto servía como atenuante para rebajarle la condena a cadena perpetua.
La corte superior confirmó los hechos y las pruebas del primer juicio y declaró que el veredicto y la sentencia son apropiados. Asimismo, dictó que los tres sospechosos son culpables de organizar, liderar y planear ataques terroristas violentos y que deben asumir la responsabilidad de todos los crímenes cometidos y organizados por la célula terrorista.
De acuerdo con el dictamen original, Iskandar y Muhammad reclutaron a personas para formar parte de células terroristas, mientras que Tohtunyaz financiaba las actividades ilegales.
Más de 300 personas asistieron al juicio del viernes, entre ellas legisladores, consejeros políticos y periodistas. El tribunal puso intérpretes al servicio de los acusados de manera que se pudieran comunicar en su idioma nativo durante el juicio.
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