Tribunal ordena a presidente Santos acatar las medidas cautelares de CIDH
2014-04-23 10:14:43 XINHUA-CRI

  El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes al presidente colombino, Juan Manuel Santos, acatar las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien fue destituido e inhabilitado tras una sentencia de la Procuraduría General de la Nación.

  Un ciudadano interpuso ante ese tribunal una acción de tutela (recurso judicial que protege los derechos fundamentales) tras la negativa de Santos de no acatar la decisión de la CIDH. Ese organismo ordenó al mandatario acatar las medidas cautelares en favor del ex alcalde en un plazo de 48 horas, es decir, Petro debe volver a su cargo tras la destitución.

  "Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos", escribió Petro en su cuenta de Twitter.

  El pasado 10 de abril, el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado Luis Ernesto Vargas, afirmó que las medidas cautelares que emitió la CIDH "sí son vinculantes y debían acatarse".

  El presidente Santos designó el luned a María Mercedes Maldonado como alcaldesa encargada de Bogotá luego de que el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, estuvo en ese cargo por un mes tras la destitución que firmó el mandatario.

  Santos recordó que la nueva burgomaestre estará en ese cargo mientras se realizan las elecciones y se escoge a un nuevo alcalde. Maldonado pertenece al mismo movimiento político del saliente alcalde Petro, Movimiento Progresistas.

  El pasado 19 de marzo, el jefe de Estado firmó la destitución del alcalde Petro y designó al actual ministro de Trabajo como nuevo burgomaestre encargado, luego de que se conociera que un alto tribunal confirmó la destitución e inhabilidad del entonces burgomaestre.

  Santos firmó la destitución en momentos en que la CIDH emitió una medida cautelar a favor del alcalde de Bogotá, en la que le pidió al gobierno no firmar la orden de destitución e inhabilidad del burgomaestre hasta que se conociera a fondo más en detalle sobre el fallo contra Petro emitido por la Procuraduría General de la Nación.

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