En un comunicado de prensa, le empresa reiteró que, una vez entregados los terrenos, empezarán los trabajos y la inversión de 2.100 millones de dólares para materializar "el mayor proyecto siderúrgico del país".
Así, Jindal Steel mantiene "su promesa de que, hasta el segundo semestre del 2014, Bolivia producirá acero", señaló la nota publicada en diferentes rotativos, donde la empresa advierte que no recibió las tierras que debían ser entregadas por el Estado para reiniciar sus operaciones.
De acuerdo con el texto, el compromiso de las autoridades bolivianas era efectuar esta entrega hasta el 31 de agosto, lo cual no sucedió.
Ante ello, la trasnacional aclaró que este tipo de demoras continúan provocando el retraso en el reinicio de las obras en el yacimiento minero.
Además, el contrato firmado el 18 de julio de 2007 con la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) está sujeto a una "condición suspendida", la cual dispone que el cómputo quedará suspendido temporalmente hasta que los títulos sobre el suelo estén saneados, libres de gravamen y disponibles para el proyecto.
El gobierno boliviano admitió el viernes pasado que al paralizar la explotación de hierro en el Mutún, Jindal Steel provocó múltiples daños y perjuicios a Bolivia.
"Son tres años que el país ha frenado su desarrollo, y es evidente que tres años está paralizado el proyecto siderúrgico, por lo que son múltiples los perjuicios y hasta pérdidas millonarias" (sic), afirmó el presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún, Sergio Alandia.
El gobierno boliviano y la Jindal firmaron el 24 de noviembre de 2007 un contrato de explotación del gigantesco yacimiento de hierro del Mutún, en el sudeste del país.
Dicho contrato prevé la inversión de 1.500 millones de dólares en los primeros cinco años de vigencia y otros 600 millones en los tres restantes, lo que totaliza una inversión de 2.100 millones de dólares.
El proyecto de explotación del hiero del Mutún, tenía previsto generar 4.000 empleos directos y otros 3.000 indirectos, además de 200 millones de dólares de ganancias para el Estado, por año.
Jindal Steel enfrentó un conflicto empresarial con el Estado boliviano por la ejecución de boletas de garantías de 18 millones de dólares, ante incumplimiento de las inversiones comprometidas en el contrato.
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