El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, en conferencia de prensa realizada en Palacio Quemado, salió a calmar las reacciones del sector empresarial y partidos opositores que cuestionaron la nacionalización ayer de la cementera Fancesa, y enfatizó que los privados no deben temer porque se respetará la seguridad jurídica.
"El gobierno nacional va a recuperar las cosas que pertenecieron al Estado Boliviano, el resto de las inversiones privadas que se hayan hecho no tenemos la menor intención de afectar", aseveró Arce.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (Cepb) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) coincidieron en señalar que la decisión tomada por la administración de Evo Morales afectará a las futuras inversiones privadas nacionales y extranjeras.
El presidente de la Cepb, Daniel Sánchez, dijo que las empresas de la región que tenían previsto invertir en Bolivia cambiarán de opinión.
A su vez el presidente de la Cámara de Comercio, Oscar Calle, afirmó que estas señales generarán una mayor incertidumbre jurídica que alejará a los posibles inversores o por lo menos les hará pensar dos veces antes de invertir en Bolivia.
El gobierno boliviano revirtió el miércoles el 33 por ciento de acciones de una fábrica de cemento, porcentaje que estaba en manos del líder opositor de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, en favor de la Gobernación de Chuquisaca.
La confiscación se efectuó a través de un decreto supremo entregado en Sucre por el presidente Evo Morales, quien dijo que era un deber patriótico el devolverle al pueblo chuquisaqueño lo que le corresponde por derecho.
Según informes de prensa, el 33 por ciento de las acciones expropiadas pertenecían a la empresa Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce), formada por el grupo inversor mexicano Chihuahua y el líder opositor boliviano Samuel Doria Medina.
Ante la lluvia de críticas, el ministro de Economía ratificó que el "Estado está en todo su derecho" de recuperar aquellos bienes que le pertenecieron en el pasado y que pasaron de manera irregular a manos privadas, como fue el caso de Fancesa.
Arce recordó que esas acciones fueron adquiridas por el empresario del cemento y líder opositor, Samuel Doria Medina, en base a una Ley de Privatización promulgada por el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).
"Hay que recordar que el señor Doria Medina fue ministro de Planificación de ese Gobierno y uno de los articuladores de la privatización de empresas estatales desde ese cargo", anotó.
Subrayó que lo hecho por Doria Medina está calificado en la Ley de Lucha contra la Corrupción como un delito de tráfico de influencias.
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