El presidente hizo las declaraciones el martes por la tarde durante una sesión de estudio colectivo del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) sobre la profundización de la reforma judicial.

Xi indicó que construir un sistema judicial justo, eficiente y acreditado es fundamental para la modernización del sistema de gobierno estatal y para las capacidades de gobierno.

El presidente reconoció que siguen existiendo las malas prácticas, y puso como ejemplo a la injusticia y a las condenas indebidas. Xi añadió que si estos problemas no son abordados de manera oportuna, obstaculizarán el progreso del Estado de derecho y dañarán la imparcialidad y la justicia sociales.

El país no vacilará en avanzar en la reforma judicial y lograr la justicia social, aseguró Xi.

La gente tiene la última palabra respecto a la efectividad de la reforma judicial, dijo Xi, quien agregó que se supone que la reforma impulsará la confianza pública y solucionará los problemas. La confianza pública y la satisfacción son los criterios de la evaluación.

Xi calificó como crucial para la reforma al sistema de responsabilidad judicial. Los jueces y fiscales deben ser responsables de los casos que manejan durante toda su vida y su poder debe ser controlado y supervisado.

El presidente pidió a la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del PCCh y a otras autoridades que planeen e implementen detalladamente medidas de reforma concretas y efectivas.

Xi pidió a las localidades y departamentos que lleven a cabo las medidas y garanticen que se lleven a cabo revisiones para identificar posibles fallas.

Además, Xi subrayó la autoridad del Partido porque el liderazgo representa las características básicas y las ventajas políticas del sistema judicial socialista.

"Con la reforma judicial, todavía seguimos avanzando por el camino del Estado de derecho socialista con características chinas", dijo Xi.

Xi también advirtió que no deben copiarse los sistemas judiciales de otros países, aunque reconoció la necesidad de aprender de ellos.

La reforma judicial debe reflejar los principios de unir al poder con las responsabilidades, los controles del poder, la transparencia y la justicia, así como el respeto a los procedimientos, dijo Xi.

Por otra parte, de acuerdo con un comunicado dado a conocer este miércoles por el Ministerio de Seguridad Pública, un total de 176 oficiales y 57 trabajadores temporales de la policía china han sido castigados por emitir certificados ilegales de identificación a personas que buscaban un derecho gubernamental adicional.

Los infractores, incluidas 64 personas a quienes se les pidió responsabilidad criminal, fueron descubiertos durante una campaña de tres años lanzada en 2014 para limpiar los números duplicados de identificación y múltiples registros de residencia.

"Algunos son simples errores del personal o debido a la separación en el pasado de los sistemas de administración de la policía, pero otros fueron el resultado del uso ilegal de los oficiales policiales de su privilegio profesional para buscar beneficios en sus conexiones sociales", indicó el viceministro de la cartera Huang Ming.

En China, varios beneficios sociales, como el seguro médico y el acceso a la educación básica, se asignan según los certificados de identificación y permisos de residencia, también conocidos como "hukou", que deben ser únicos y estar actualizados de acuerdo con el trabajo a largo plazo de los residentes y la localidad donde viven.

Por ejemplo, una persona que ha registrado un hukou urbano sin tener el permiso previo de residencia rural eliminado puede mantener los beneficios exclusivos para los campesinos, como la tierra de cultivo, mientras que disfrutan de los programas de bienestar urbanos.

Al tratar el hecho de que las tarjetas de identificación de algunas personas han sido usadas para cometer delitos, Huang subrayó que una base de datos de tarjetas perdidas o robadas será compartida con los departamentos financiero, ferroviario, de telecomunicaciones y de aviación a finales de 2015, con el fin de detener a cualquiera que las utilice.