China desveló este miércoles medidas relativas al seguro de vejez para empleados de agencias gubernamentales e instituciones públicas, en un intento por establecer un sistema de pensiones unificado, equitativo y sostenible.

De acuerdo con un comunicado publicado en la página oficial del gobierno central, el seguro de vejez para empleados de agencias gubernamentales e instituciones públicas será sufragado tanto por los empleados como por las empresas, en vez de correr a cargo únicamente de estas últimas o de la hacienda central como en el pasado.

Al parecer de la directora del Centro de seguridad social de la Universidad Tsinghua, Yang Yansui, esta reforma resuelve la contradicción entre los dos sistemas de pensiones:

"La unificación de los dos sistemas de pensiones resuelve la contradicción entre los dos sistemas de pensiones, y aquí enfatiza el principio de que quien paga más cobra más."

Según las nuevas medidas, los trabajadores destinarán un 8 por ciento de sus salarios mensuales al seguro de vejez, mientras que sus empresas pagarán un 20 por ciento del salario total del empleado cada mes en concepto de prima.

El director del Centro de seguro social de la Universidad Central de Finanzas, Chu Fuling, explicó que estos dos pagos se depositan en dos cuentas, o sea, cuenta privada y cuenta pública, con que se garantiza mejor la pensión de vejez."

En el pasado, los trabajadores de compañías tenían que pagar para obtener un seguro de vejez, pero aquellos empleados por agencias gubernamentales e instituciones públicas disfrutaban de pensiones de jubilación sin haber tenido que abonar pagos mensuales durante sus años laborables.

Esta política se había convertido en una gran carga para el gobierno y era insostenible a largo plazo.

El viceprimer ministro de China, Ma Kai, reportó el mes pasado sobre el sistema de seguridad social en la actual sesión bimensual del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) y dijo que la idea básica es un sistema de pensiones para los servidores públicos con las mismas características que los pensionados urbanos de las empresas.

El vicepremier Ma dijo que alrededor de 40 millones de miembros del gobierno, Partido y elementos de instituciones públicas se verán afectados por la reforma al sistema de pensiones de China.

Los cambios a las anualidades ocupacionales y el sistema de salarios se harán de forma nacional de manera simultánea, agregó Ma.

China cuenta con la mayor cantidad de funcinarios públicos del mundo. Como se espera que la población crezca a 1.430 millones en 2020, el Consejo de Estado desea un sistema de pensiones que abarque a toda la población.

Durante las dos últimas décadas, los sistemas de pensiones públicas de China usaron métodos diferentes de pago, contabilidad y administración, lo que resultó en disputas propagadas.

La pensión mensual para los funcionarios públicos retirados y personal de instituciones públicas fueron de 2,1 y 1,8 veces el nivel de las pensiones comunes de 1.900 yuanes, según el instituto de investigación de ciencia fiscal del Ministerio de Hacienda.

Los empleados privados urbanos pagan por su pensión antes del retiro y normalmente obtienen una pensión igual a alrededor de la mitad de su salario final, pero los funcionarios obtienen mucho más sin hacer ninguna contribución financiera.

El vicepremier Ma dijo que el sistema de pensiones para trabajadores privados se ha ampliado y no solo cubre a los empleados de las compañías de propiedad estatal y las empresas colectivas, sino a todo tipo de firmas, organizaciones sociales y trabajadores autónomos.

No obstante, Ma admitió que todavía existen algunos problemas en el sistema de seguridad social, entre ellos la brecha en la igualdad entre los ciudadanos urbanos y rurales, la falta de canales de captación de fondos y la necesidad de legislaciones pertinentes para asegurar los derechos de los obreros migrantes itinerantes.

Zheng Gongcheng, de la Universidad de Renmin de China, señaló que la pensión era pagada anteriormente de los fondos fiscales, lo que era injusto.

Chen Bulei, de la Universidad de Ciencias Políticas y Leyes Sudoeste, declaró que la anualidad ocupacional calmará las preocupaciones de alrededor de 40 millones de empleados afectados.