Como parte de su programa para enfrentar la crisis económica global, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó el día 27 la ley que perfecciona el Seguro Obligatorio de Cesantía.
La iniciativa introduce cambios a otras normas legales sobre la materia y refuerza el plan de estímulo fiscal destinado a reducir los efectos de la crisis económica internacional en el país, anunciado a principios de enero.
La mandataria afirmó que "éste es un muy buen ejemplo de una legislación oportuna al ritmo de las exigencias sociales y es muy valioso que hayamos logrado un acuerdo rápido en un periodo tan crucial".
Durante 2008, el desempleo a nivel nacional llegó a 9 por ciento, pero terminó en 7,5 por ciento.
En el Gran Santiago, la desocupación alcanzó en diciembre 9,7 por ciento, una alza de 0,8 puntos porcentuales, en comparación con igual mes de 2007, perfilándose como la mayor cifra desde junio de 2006.
Para 2009, se prevé que el desempleo llegue a 10 por ciento o más. El sector de la minería despidió a 14.000 trabajadores y se espera que sean miles los que queden sin empleo en los sectores forestal y salmonero.
El gobierno ha lanzado un programa de reactivación de la economía y el empleo por 4.000 millones de dólares para paliar los efectos internos de la desaceleración económica global.
Bachelet dijo que hace algunos meses el gobierno definió una agenda legislativa orientada a enfrentar la crisis internacional en mejores condiciones.
"Hemos avanzado en casi todos los proyectos gracias a que ha prevalecido el sentido nacional en todos los sectores", apuntó.
Valoró positivamente el aporte al perfeccionamiento de esta ley por parte de las bancadas parlamentarias, los sindicatos, empresarios y los miembros de la comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía.
Ahora se ampliará la cobertura de protección al incorporar a los trabajadores a plazo fijo, obra o servicio determinado, como beneficiarios del seguro, permitiéndoles acceder al Fondo de Cesantía Solidario.
El Fondo de Cesantía Solidario flexibiliza las condiciones de acceso, estableciendo iguales requisitos para trabajadores a plazo fijo o indefinido: 12 cotizaciones en los últimos 24 meses, las últimas tres con el mismo empleador.
Anteriormente, en los casi seis años de funcionamiento del seguro obligatorio de cesantía, el acceso a dicho fondo exigía 12 cotizaciones continuas, posibilitando que sólo el 3 por ciento de los cotizantes haya conseguido este beneficio.
Los trabajadores a plazo fijo, obra o servicio determinado, recibirán inicialmente dos meses de pago de prestaciones, ampliándose a dos meses adicionales este beneficio cuando la tasa de desempleo sobrepase el promedio de los anteriores cuatro años.
En el caso de los trabajadores con contrato indefinido se ampliará de cinco a siete meses, de acuerdo a las mismas condiciones.
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores cesantes, se financiarán programas especiales con cargo al fondo para aquellos beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario con menor grado de empleabilidad.
El gobierno creará un Sistema de Información Laboral, administrado por la Subsecretaria del Trabajo, que proporcionará información de las variables clave del mercado laboral.
Las estadísticas incluirán evolución de la demanda de trabajo, de los salarios y del empleo, por sector económico y por oficio, entregando también información de estos indicadores por región.
Las autoridades institucionalizarán la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) haciéndola más abierta, eficiente y efectiva, facilitando en esta red nacional el cruce de información entre datos de vacantes y búsqueda de empleo.
La BNE estará abierta para los empleadores interesados en hacer contrataciones como para los personas que buscan un trabajo.
Esta bolsa tendrá un administrador privado que se determinará mediante licitación pública y la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía.
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