Ambos organismos se encuentran el día 26 en huelga como forma de protesta contra las medidas impuestas por el gobierno portugués para reducir el peso del Estado. Según António Cluny, del SMMP, en la carta que han enviado a Leandro Despouy, Relator Especial de la ONU, se menciona "el estado de ruptura al que ha llegado la Justicia en Portugal".

En ese sentido, Cluny, en declaraciones a la prensa local, dijo que las medidas de contención socialistas "tienen consecuencias en el desempeño y en el equilibrio del poder de la magistratura en relación a otros poderes".

Para él, que confía en que las Naciones Unidas "puedan ayudar a mediar en este problema", la huelga se ha producido porque consideran "peligrosa" la situación en la que se encuentran los estatutos de los magistrados.

La huelga programada para hoy por todos los sindicatos del sector judicial ha provocado que la justicia se viese reducida a los servicios mínimos. En este sentido, casi todos los tribunales se han visto afectados, así como los juicios, en concreto, el de la Casa Pia, que juzga a varias personas acusadas de crímenes de pederastia.

Es la segunda vez en menos de un mes que el gobierno ha recurrido a solicitar de forma civil la presencia de los funcionarios judiciales para asegurar los servicios mínimos de los tribunales que según el Consejo de Ministros "no se estaban cumpliendo".

La adhesión a la huelga ha rondado los 90-95 por ciento en todo el territorio según datos de los sindicatos. Según ha informado el Ministerio de Justicia, cerca de 9 mil funcionarios se han sumado a la paralización, lo que sitúa la adhesión en el 81.9 por ciento, algo inferior a la calculada por los sindicatos.

Para el ministro de Justicia, Alberto Costa, el hecho de que las doce estructuras sindicales hayan coincidido en programar la huelga para el mismo día tiene como objetivo "perturbar al máximo el funcionamiento del sistema". Costa reiteró que a pesar de las protestas, "el gobierno va a mantener todas las medidas tomadas".

XINHUA-CRI